Según fundamentaciones, las modificaciones introducidas por el Senado son solo de forma y no de fondo, por lo que corresponde aceptar la versión de la cámara revisora.

Las comisiones de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y de Legislación y Codificación de Diputados, recomendaron la aprobación con las modificaciones propuestas.

Esta iniciativa, según la exposición de motivos, surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso delictivo de estos dispositivos en todo el país, especialmente, en el departamento de Alto Paraná, donde se ha constatado su utilización en diversos hechos delictivos como asaltos a entidades financieras, servicentros y transportadores de caudales.

El proyecto, presentado busca establecer además un marco regulatorio para la comercialización de estos dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio.

También propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control.

Otra medida propuesta es la imposición de sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría o multa para quienes incumplan la ley.

Entre los cambios, se agregó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como ente regulador del ámbito técnico de reglamentación y control específico. También se incluyó al Ministerio del Interior en el ámbito administrativo de control.

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