Foto Ilustrativa

Los hombres, de 31 y 41 años, aseguran haber sido interceptados sin motivo aparente y trasladados por la fuerza hasta la Comisaría Primera de esta ciudad fronteriza. Una vez dentro del recinto policial, relatan que fueron amenazados con ser encarcelados si no accedían a realizar una transferencia inmediata de 5.000 reales brasileños (más de 7 millones de guaraníes), utilizando el sistema de pago PIX.

Según consta en la denuncia presentada en la DEPAC de Dourados, Brasil, los uniformados implicados se movilizaban en una patrullera identificada con el número 10. Las víctimas afirman que todo el procedimiento estuvo plagado de intimidación, coacción y abuso de poder.

Tras realizar el pago bajo presión, los brasileños fueron liberados y, sin perder tiempo, bloquearon la transacción a través de su banco y acudieron a las autoridades brasileñas para formalizar la denuncia.

Este caso vuelve a encender las alarmas sobre el uso indebido del poder y la corrupción dentro de las fuerzas del orden paraguayas, especialmente en una zona históricamente señalada por la impunidad y la falta de control institucional.

La sociedad civil y las autoridades deben exigir una investigación transparente y castigos ejemplares, si se confirma la veracidad de los hechos. De lo contrario, la frontera seguirá siendo tierra fértil para el atropello, el silencio y la impunidad.